La Corte Constitucional de Ecuador ha modificado su posición respecto a una de las preguntas que se incluirán en la próxima consulta popular, específicamente sobre la reapertura de casinos y salas de juego en establecimientos hoteleros de cinco estrellas.
Este organismo había emitido previamente, a principios de septiembre, un dictamen desfavorable sobre esta propuesta del Ejecutivo, considerando que la redacción original adolecía de falta de claridad al entrecruzar tres temas distintos.
No obstante, en una decisión reciente identificada con el número 9-25-CP/25, el tribunal ha reconsiderado su postura. La Corte ha emitido ahora un fallo favorable a la pregunta que busca autorizar la operación de casinos en hoteles de máxima categoría, precisando en sus considerandos que esta modulación tiene como finalidad garantizar la libertad de decisión y la claridad informativa del elector.
De acuerdo a información difundida por medios locales, la consulta popular quedó convocada para el próximo domingo 16 de noviembre. En esta jornada, la ciudadanía ecuatoriana deberá pronunciarse no solo sobre el regreso de los casinos, sino también sobre otras reformas políticas e institucionales que, en conjunto, definirán el rumbo inmediato del país.
El posible impacto
En cuanto al potencial impacto de la medida sobre los establecimientos hoteleros, datos recopilados por plataformas internacionales especializadas en el sector turístico indican que Ecuador cuenta actualmente con 134 hoteles clasificados como cinco estrellas o de categoría similar. Estos establecimientos se distribuyen en diversas regiones, destacándose 16 en Quito, nueve en Guayaquil y ocho en Cuenca.
Otras localidades con presencia significativa incluyen Loja y Manta (con cinco establecimientos cada una), Tababela, Puerto Ayora y Puembo (con cuatro en cada caso), mientras que en la provincia de Manabí se registran seis. Completan este panorama tres hoteles en Imbabura, veinte distribuidos en distintas provincias de la sierra ecuatoriana y cuatro en la Isla Santa Cruz de Galápagos.
De ser aprobada esta iniciativa, diversificaría la oferta de servicios y haría posible la captación de un segmento con mayor capacidad económica, lo que generaría un gran impacto positivo económico, especialmente para el sector hotelero. Sin embargo, también hay alertas sobre el posible impacto socio-cultural para la población, ya que existen potenciales riesgos asociados con actividades ilícitas, como el narcotráfico y lavado de activos.
